La reforma fiscal obliga a las asociaciones a declarar el impuesto de sociedades
Tras la reforma fiscal del Ministerio de Hacienda, una ley y un real decreto ley posterior obligan a cualquier colectivo, sea grande, pequeño, con o sin ánimo de lucro, a presentar toda la documentación relativa al Impuesto de Sociedades. La decisión del Gobierno afecta a fundaciones, peñas deportivas y taurinas, asociaciones, colectivos vecinales, ONGs, Ampas, cofradías religiosas y, en definitiva, a cualquier colectivo que tenga algún tipo de ingreso.
¿Quién está obligado a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades?
De forma general, los sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, con independencia de que hayan desarrollado o no actividades durante el período impositivo y de que se hayan obtenido o no rentas sujetas al impuesto. Aunque la entidad esté inactiva o teniendo actividad no haya generado rentas sometidas a tributación no se exime al sujeto de la obligación de presentar la declaración.
Desaparece, por tanto, la no obligatoriedad de presentar la declaración a las entidades sin ánimo de lucro con ingresos iguales o inferiores a 100.000 euros, así como a las rentas obligadas a tributar, generalmente asociadas a actividades económicas exentas de retención fiscal, por importe superior a 2.000 euros.
¿Quién queda exento de presentarla?
Quedan exentas de presentar la declaración del Impuesto de Sociedades únicamente las asociaciones que cumplan estos tres requisitos:
- Que sus ingresos anuales no superen los 50.000 euros;
- Que los ingresos por rentas no exentas (como venta de lotería o rendimientos de capital en bancos) no superen los 2.000 euros anuales;
- Que todas las rentas no exentas obtenidas estén sometidas a retención.
¿Qué repercusiones tiene la nueva normativa sobre la gestión de las asociaciones?
Para la mayoría de agrupaciones, la nueva normativa supondrá exclusivamente un aumento del papeleo, ya que aquellas que declaren una actividad económica reducida no deberán tributar. Esta nueva complicación burocrática se traduce en la obligatoriedad de llevar un control exhaustivo de las finanzas, es decir, de dedicar recursos y tiempo a una contabilidad mucho más precisa, de justificar cada ingreso, cada gasto, cada factura y cada contrato ante Hacienda.
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